La Alianza Peruana de Organizaciones Culturales (APOC), una articulación independiente de organizaciones de la sociedad civil que busca incidir en la formulación de políticas culturales desde la participación y la transversalidad, recalca y alza su voz de protesta y preocupación ante el indignante manejo de la cartera de cultura del Estado por parte del gobierno en medio de la Emergencia Nacional.

Como señalamos en nuestro pronunciamiento del 03 de abril sobre la crisis sanitaria y la coyuntura político social que atraviesa el país, todo el esfuerzo que como organizaciones y trabajadores culturales venimos realizando en auxilio psicológico, social, económico y creativo en barrios, ciudades y hogares, no ha tenido desde el Poder Ejecutivo ningún soporte ni propuesta de fortalecimiento o acompañamiento. El silencio traducido en inacción, el trabajo ministerial a puertas cerradas, así como normas con presupuestos de cuestionado impacto y finalmente un sistema de contrataciones con favoritismos y sin planeación, revelan lo informal y desestructurado que es el Ministerio de Cultura (y sus Direcciones Desconcentradas).

Este panorama se ensombrece además por la inacción de la gestión cultural pública subnacional, salvo honrosas pero pocas menciones. De manera que la sociedad peruana en su conjunto ha visto en estas semanas un gobierno de la cultura empobrecido y oscuro.
Bajo este panorama, la APOC reafirma su finalidad y exige al Estado en su conjunto:

• Iniciar un proceso participativo, abierto y transparente de reforma de la institucionalidad cultural, empezando por el Ministerio de Cultura, así como la formulación de la Política Nacional de Cultura bajo los principios del gobierno abierto y la democracia cultural.
• Transparentar los instrumentos, mecanismos y metodologías por aplicar para la ejecución de los fondos y programas del Decreto de Urgencia 058-2020. Debido a la premura del tiempo, es poco probable un proceso participativo para concretar que la sociedad civil organizada codecida el manejo de dichos fondos, por lo que la transparencia de su ejecución y evaluación es irrenunciable.
• Priorizar desde el Congreso de la República la formación de espacios articulados entre Estado y sociedad civil organizada para debatir y fomentar la reforma y generación de una legislación justa y proactiva para los trabajadores culturales, el patrimonio cultural, las industrias creativas y culturales, así como de las poblaciones indígenas, las lenguas y las poblaciones vulnerables.